El 9 de octubre de 2026, el Consejo de la Unión Europea retiró a Panamá de su lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales, conocida comúnmente como la «lista negra fiscal» de la UE. Panamá figuraba en dicha lista desde febrero de 2020. Ahora figura en el anexo II, una lista independiente de jurisdicciones que cooperan con la UE pero que aún tienen compromisos pendientes.
Para las empresas, los inversores y las familias con estructuras en Panamá, este es el cambio más importante en la situación fiscal internacional de Panamá en los últimos seis años. A continuación explicamos qué ha decidido la UE, qué ha cambiado en Panamá para que esto sea posible y qué queda pendiente.
Los ministros de Hacienda de la UE actualizaron la lista en su reunión del ECOFIN celebrada el 9 de octubre de 2026. Panamá y Vietnam pasaron del anexo I al anexo II. Según la Comisión Europea, Panamá fue retirada de la lista tras haber adoptado medidas significativas para resolver sus cuestiones pendientes. El análisis de KPMG explica que la medida clave fue la reforma del régimen de exención de los ingresos de origen extranjero de Panamá, en consonancia con las directrices de la UE.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá acogió con satisfacción la decisión como una muestra de la confianza internacional en el país como centro financiero y empresarial.
La reforma es la Ley 526, de 28 de mayo de 2026, publicada en el Boletín Oficial n.º 30534-B. Incorpora un nuevo capítulo al Código Tributario de Panamá con normas sobre sustancia económica aplicables a determinados ingresos pasivos de origen extranjero.
A quién se aplica. Entidades constituidas o domiciliadas en Panamá que formen parte de un grupo multinacional y obtengan rentas pasivas de origen extranjero. Se entiende por «grupo multinacional» el conjunto de dos o más entidades vinculadas que sean residentes fiscales en distintas jurisdicciones, incluidas la sociedad matriz, sus filiales y sus establecimientos permanentes. Una entidad forma parte del grupo si está incluida, o debería estar incluida, en los estados financieros consolidados del grupo.
Qué ingresos abarca. Seis tipos de ingresos pasivos de origen extranjero:
Las condiciones relativas a la naturaleza de la renta. Para que esta renta quede exenta del impuesto panameño en virtud del principio de territorialidad, la entidad debe declararla cada año en su declaración del impuesto sobre la renta y demostrar que cumple tres condiciones en Panamá:
La ley evalúa si estos recursos son suficientes teniendo en cuenta la naturaleza, la envergadura y la complejidad de la actividad, el tipo y la cuantía de los ingresos, el número de activos generadores de ingresos, el nivel de riesgo y la estructura del grupo en Panamá.
Sociedades de participación pura. Las entidades cuya actividad principal consista en la tenencia de participaciones en otras sociedades, con adquisiciones y enajenaciones no habituales, no están obligadas a cumplir las condiciones 2 y 3, siempre que no realicen actividades comerciales ni de inversión significativa con dichas participaciones. Lo mismo se aplica a las entidades que únicamente adquieran, mantengan o enajenen bienes inmuebles de forma no habitual. No obstante, deben cumplir la condición 1 y las obligaciones de información.
Subcontratación. Las actividades contempladas en las condiciones 1 y 3 pueden subcontratarse, siempre y cuando se lleven a cabo en Panamá. El proveedor debe disponer de personal y locales adecuados, sus recursos no pueden destinarse a más de un cliente al mismo tiempo, y la entidad debe supervisar al proveedor y conservar la documentación justificativa.
¿Qué ocurre si una entidad incumple los requisitos? Una entidad pasa a considerarse «no cualificada» si se da alguna de las siguientes circunstancias:
En ese caso, sus ingresos pasivos de origen extranjero se gravan a un tipo único y definitivo del 15 % sobre la base imponible neta de ese ejercicio fiscal. La base imponible neta es la renta bruta menos los costes y gastos documentados directamente relacionados con la obtención de dichos ingresos. También pueden aplicarse multas, recargos e intereses previstos en el Código Tributario.
Cuándo es aplicable. A partir del ejercicio fiscal 2027. La ley fue regulada mediante el Decreto Ejecutivo n.º 32, de 2 de septiembre de 2026, publicado en el Boletín Oficial n.º 30603-B, para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2027. El Ministerio de Economía y Finanzas llevará un registro de estas entidades y podrá verificar el cumplimiento en cualquier momento; además, la documentación deberá conservarse en Panamá.
La ley establece asimismo normas específicas para los bancos, las sociedades de valores y las aseguradoras sujetas a regulación, cuyos ingresos derivados de su actividad regulada quedan excluidos; para la propiedad intelectual; y para las actividades de la marina mercante.
El régimen fiscal territorial de Panamá sigue vigente para el resto de contribuyentes. Las empresas locales, las personas físicas y los grupos que operan únicamente en Panamá no se ven afectados por la Ley 526. En el caso de los grupos multinacionales que utilizan entidades holding o financieras panameñas, este es el cambio que deben tener en cuenta antes de 2027.
El Consejo incluyó a Panamá en el anexo I el 18 de febrero de 2020. En aquel momento, la preocupación se centraba en la transparencia fiscal: Panamá no contaba con una calificación de, al menos, «en gran medida conforme» por parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE. En revisiones posteriores, la principal preocupación de la UE pasó a ser la exención de los ingresos de origen extranjero de Panamá, que consideraba un régimen fiscal perjudicial. La Ley 526 fue la respuesta de Panamá a esa preocupación.
El hecho de figurar en el Anexo I no conlleva sanciones por sí mismo, pero permite a los Estados miembros de la UE aplicar medidas defensivas. En diciembre de 2019, los ministros de Hacienda de la UE acordaron que cada Estado miembro debía aplicar al menos una de las cuatro medidas fiscales a las jurisdicciones incluidas en la lista:
Al quedar Panamá fuera del Anexo I, desaparece el fundamento de estas medidas coordinadas por la UE. También cambian dos normas europeas en materia de información:
Los cambios entrarán en vigor cuando se publiquen los anexos revisados en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cada Estado miembro aplica además sus propias medidas de protección y, en muchos casos, su propia lista nacional de jurisdicciones no cooperativas o con baja fiscalidad. El hecho de que Panamá deje de figurar en la lista de la UE no implica automáticamente que se elimine de dichas listas nacionales, por lo que las empresas deben revisar la normativa de cada país con el que operan.
El anexo II no es una lista negra. Se trata de una lista de jurisdicciones que cooperan con la UE, pero que se han comprometido a llevar a cabo reformas específicas. La UE las supervisa de cerca, y cualquier jurisdicción que no cumpla sus compromisos puede volver a ser incluida en el anexo I.
En el caso de Panamá, el compromiso pendiente es una revisión en profundidad de su intercambio de información previa solicitud por parte del Foro Global de la OCDE. El resultado de dicha revisión será fundamental para no entrar en la lista negra.
Hay un detalle más que tener en cuenta en el caso de los grupos de mayor tamaño. Según las normas de la UE sobre la presentación de informes públicos país por país, introducidas por la Directiva (UE) 2021/2101, las grandes multinacionales deben presentar sus datos por separado para las jurisdicciones incluidas en el anexo I y para aquellas que hayan figurado en el anexo II durante dos años consecutivos. El hecho de completar a tiempo la revisión del Foro Global mantiene a Panamá fuera de esa categoría.
Se prevé que la próxima actualización de la lista de la UE tenga lugar en febrero de 2027.
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No. El Consejo de la Unión Europea retiró a Panamá del anexo I el 9 de octubre de 2026. Panamá figura ahora en el anexo II, la lista de jurisdicciones cooperativas con compromisos pendientes.
El Consejo incluyó a Panamá en el anexo I el 18 de febrero de 2020. Permaneció en dicha lista hasta el 9 de octubre de 2026.
Según la Comisión Europea, Panamá ha adoptado medidas importantes para resolver sus cuestiones pendientes. La medida principal fue la Ley 526 de 2026, que establece requisitos de sustancia económica para los ingresos pasivos de origen extranjero obtenidos por entidades panameñas pertenecientes a grupos multinacionales.
La Ley 526, de 28 de mayo de 2026, exige a las entidades panameñas que pertenezcan a un grupo multinacional y obtengan rentas pasivas de origen extranjero que declaren dichas rentas cada año y demuestren que cuentan con sustancia económica en Panamá: personal y locales adecuados, decisiones estratégicas y riesgos en Panamá, así como gastos de explotación adecuados en Panamá. De no hacerlo, dichas rentas se gravarán a un tipo único del 15 %. Esta disposición es aplicable a partir del ejercicio fiscal 2027.
No. Solo se aplica a las entidades panameñas que forman parte de un grupo multinacional y obtienen ingresos pasivos de origen extranjero, como dividendos, intereses o regalías. Las empresas locales, las personas físicas y los grupos que operan únicamente en Panamá no se ven afectados.
No. Las sociedades de cartera puras, que solo poseen acciones o bienes inmuebles de forma no habitual, deben contar con personal y locales adecuados y cumplir con las obligaciones de información, pero no están obligadas a cumplir las condiciones relativas a las decisiones estratégicas y los costes de explotación.
En el anexo II se enumeran las jurisdicciones que cooperan con la UE en materia fiscal, pero que aún tienen compromisos pendientes. No se trata de una lista negra, pero la UE supervisa estas jurisdicciones y puede volver a incluirlas en el anexo I.
Panamá está a la espera de que el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE lleve a cabo una revisión exhaustiva de su intercambio de información previa solicitud.
Las medidas defensivas coordinadas por la UE están vinculadas al anexo I, por lo que dejan de tener fundamento una vez que se publique la lista revisada en el Diario Oficial. No obstante, algunos Estados miembros mantienen sus propias listas nacionales, por lo que conviene consultar la normativa de cada país implicado.
La UE revisa la lista dos veces al año. Se prevé que la próxima actualización tenga lugar en febrero de 2027.
Este artículo tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal.
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